8 nov. 2010

La ley de Dependencia en Cantabria


La dependencia ampara ya a 12.632 cántabros


A partir de enero recibirán prestaciones otras 1.800 personas

Aún en la tierna infancia (apenas tres años y medio de recorrido efectivo), la Ley de Dependencia y Autonomía Personal ya vive un cierre de ciclo. El mes que viene se da por terminada la fase de arranque, en la que se han incorporado al nuevo sistema de protección los dependientes con mayores problemas (grados III y II, 12.632 personas) y en enero de 2011 se empezará a amparar a los 1.800 cántabros a los que ya se les ha puesto la etiqueta de 'dependiente de grado I'. A ellos se irán sumando todos los que, sabedores de que su trastorno es leve, la solicitarán a partir de entonces.
La normativa que empezó a aterrizar a mediados de 2007 es, en esta autonomía, una apuesta social estratégica. Se ha llegado con ella a todas las zonas rurales y se ha creado empleo no deslocalizable: de enero a septiembre de este año, un total de 449 puestos, lo que supone 50 empleos al mes. Por lo que no cabe desechar, sino más bien todo lo contrario, la fuerte vertiente económica del órdago, que ha llevado a la región a situarse a la cabeza de atendidos por cada 100 habitantes que tienen derecho (88,4). Esto significa que en Cantabria tiene cobertura el 2,32%. Este capítulo, Dependencia es, por cierto, el único que aumenta en los Presupuestos Generales para 2011, en los que esta atención pesa casi un 9% del total, sólo por detrás del Servicio Cántabro de Salud (SCS) y el sistema educativo.
Aunque si una novedad ha traido consigo la ley es que ha implantado la ayuda social entre las clases medias y altas. Así lo defiende Julio Soto, director general de Políticas Sociales de Cantabria, que añade que «los viejos Servicios Sociales han dejado de ser una prestación para desfavorecidos, por un lado y, por otro, ya no cuentan con un presupuesto cerrado». El salto ha sido cualitativo y cuantitativo y viceversa. Ahora, dado que hay que atender a todo el que tiene el derecho según el baremo oficial, las partidas económicas se incrementan -y se vuelven a aumentar- cuantas veces haga falta. Además de que no excluye a nadie, ni a los ricos de solemnidad, como sucede en el sistema público sanitario. «Antes, quien tenía patrimonio se quedaba fuera de una red de protección a la dependencia que era, en realidad, puramente asistencial, para pobres. Esto perjudicaba, en especial, a las clases medias, que apenas podían costear una residencia». Actualmente la filosofía es la contraria. Todo el mundo, sea cual sea el poderío de su cuenta corriente, ha de ser atendido. «Nuestra primera pregunta es: '¿cuál es su necesidad?' Y la última frase es 'muéstreme sus posibles'. Habrá quien tenga un copago del 90%». Es decir, la Administración le aportará sólo el 10%. «Pero eso permitirá que el que no tiene reciba el 100%».
Muchos otros números dan idea de la potencia del trabajo desarrollado en este tiempo. Por ejemplo, que 400 nuevas personas piden cada mes ser valoradas por los técnicos y otras 200 reclaman que se revise su calificación. O que el 93% de las solicitudes estudiadas tiene diagnóstico. Los datos dicen, por otro lado, que ya son en Cantabria 8.087 los cuidadores de un dependiente que cobran un salario mensual por atenderlo, sueldo que ronda los 368 euros de media. De todos los que han empezado a percibir esta prestación, el 83,6% son mujeres (6.760).
Las mujeres
Es llamativa la fuerte relación de esta ley con ellas. No sólo son mayoría significativa de cuidadoras, también son clara mayoría de receptoras de cuidados (el 65% frente a un 35% de varones) debido a la más larga esperanza de vida de las primeras. Al hacer balance de la experiencia, la estadística revela que, cumplidos los 65 años, una persona pasará un tercio de la vida que le quede bajo el paraguas de una de estas prestaciones. La que elija. O que en cualquier municipio cántabro, si se toma a los mayores de 80 años, el 30% ya ha sido valorado.
A estas alturas, en la Administración son conscientes de que había familias «con expectativas más altas», si bien tanto Soto como María Luisa Real (directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales, ICASS, en el que se ha centralizado toda la gestión) dicen que, a partir de 2011, se sacará brillo a los detalles. «Estamos en un proceso detransformación del sector y se pulirán muchas cosas».
A lo que hay que añadir que la previsión inicial de los dependientes que podría haber en Cantabria «se quedó muy corta». Pero ahora el Gobierno conoce a sus protegidos y sus necesidades de futuro «bastante bien», lo que le permite planificar. «Lo más difícil, que era gestionar esto partiendo de cero, ya casi está. Queda definir y afinar», exponen. Con el reto de conseguir más personal para una actividad que no encuentra toda la mano de obra que necesita.
Real añade que estos años de trabajo le han servido para «constatar algo que intuía: que el esfuerzo de los cuidados recaía en cuidadores anónimos que sacrificaban en soledad su vida personal, social y laboral». Ella espera que, «por justicia social», esas situaciones se acaben.

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