Responsabilidad compartida
El primer paso que deben dar tanto los hijos como los padres para comenzar a reconstruir la relación ha de ser en la misma dirección: asumir parte de la responsabilidad. En esta Clínica, los psicólogos dan "habilidades" a las familias para relacionarse sin violencia: intervienen a nivel cognitivo —desmontando las justificaciones de los menores o clarificando pensamientos—; emocional —desarrollando la empatía y el autocontrol—; conductual, trabajando la comunicación, que ambas partes sepan hablar, expresar críticas y recibirlas, mostrar afecto y solucionar los problemas.
La fuerte demanda que recibe la Clínica, a la que son derivados casos desde los Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, aunque también pueden llamar directamente las familias, las "dificultades para abarcar" y que la gente llegue a esperar hasta tres meses sin encontrar otro recurso que se adapte a sus necesidades, son indicativos de que las familias requieren y demandan una asistencia "integral" para superar esta problemática.
Bajo este planteamiento se va a poner en funcionamiento en la localidad madrileña de Brea de Tajo un complejo privado que ofrece un tratamiento psicológico y/o psiquiátrico a las familias con menores de entre 12 y 18 años con una conducta agresiva. Los jóvenes, sobre los que no pesa ninguna orden judicial, son internados entre dos meses y un año y tanto ellos como sus padres debe firmar un 'contrato terapéutico' que garantice su implicación.
Este 'Campus Unidos', gestionado por Ginso —una empresa con experiencia en centros de menores— y dirigido por el psicólogo Javier Urra, ocupa 15.000 metros cuadrados repartidos entre cuatro chalés de 10 plazas, dos edificios para terapias y actividades de ocio y formación, pero el entorno vallado, las cámaras de vigilancia, el régimen disciplinario y las puertas blindadas de centros de reforma dejan claro que dista mucho de ser un campus convencional.
Esta iniciativa privada nace bajo una situación de "limbo jurídico" reconocida por el propio Urra. ¿Se puede recluir a un menor sin orden judicial? "Es cierto que para privar de libertad hace falta una orden judicial, pero es como cuando hablamos de personas que tienen un tipo de patología como el alcoholismo o drogadicción y se producen ingresos voluntarios. Hay que ir por la misma vía, que aquellos jóvenes que saben que tienen un conflicto con sus padres ingresen voluntariamente", subraya Arturo Canalda, defensor del menor de la Comunidad de Madrid, que aplaude tanto ésta como "cualquier iniciativa para mediar y evitar los conflictos que se pueden dar con los hijos".
Demanda de ayuda especializada
Canalda subraya que aunque "las administraciones están trabajando mucho en el ámbito de la mediación" para este tipo de "patologías", no hay "recursos específicos o hay uno nada más" y esta "escasez de recursos limita mucho la posibilidad que tienen los padres" de recibir una asistencia gratuita. "Por eso surgen estas iniciativas, por complementar de alguna manera los medios que la administración no puede aportar" y menos aún "en un entorno de crisis, donde se están restringiendo mucho los gastos e intentar que la administración cubra todo resulta muy complejo".
Hasta hace cinco años los padres que sufrían maltrato no podían encontrar prácticamente ninguna ayuda pública especializada. Actualmente, existen programas que abordan esta problemática en concreto, como los servicios de orientación, atención psicológica o mediación familiar que se han ido extendiendo por gran parte del territorio nacional o incluso teléfonos de atención directa a padres maltratados, como el que puso en marcha hace un año La Rioja (696121212). Los recortes en las Administraciones regionales, no obstante, están haciendo ya mella en la atención social y, según fuentes sindicales, los frecuentes retrasos e impagos a ayuntamientos y entidades privadas que los gestionan están deteriorando la calidad de los servicios y forzando cierres en toda España.
Estela consultó a psicólogos privados, psiquiatras y recurrió a los servicios sociales sin encontrar en aquel momento una ayuda profesional "especializada". "Se quedan cortos antes de estas intervenciones. Van derivando de un sitio a otro a las familias", subraya recurriendo al plural al hacerse eco también de la experiencia que otros padres de la Asociación Familias por la Convivencia , que desde hace un año reúne a personas que sufren conflictos graves en las relaciones con sus hijos.
A los 14 años, Roberto ya prácticamente no acudía a clase, comenzó a consumir porros y a ausentarse de casa. En una ocasión, llegó a permanecer hasta nueve días desaparecido. La pendiente en la que se había convertido su vida les acercaba cada día más, a los dos, al borde del abismo. Comenzó a relacionarse con gente mayor que él y terminó cometiendo delitos fuera de casa y dentro...
Los enfrentamientos con su madre comenzaron a ser muy agresivos y con su padre no quería mantener ningún tipo de relación, relata sintiendo aún la desazón de aquellos momentos que padeció prácticamente en soledad —"mi familia sabía que había problemas pero no hasta qué grado"—. Y atrapada en esa situación de violencia, devastada por el sufrimiento y la impotencia, recibió –y escuchó- el consejo de alguien que conocía de cerca su situación: un agente tutor.
Policías y mediadores
Desde 2002, policías de paisano patrullan las calles de la ciudad de Madrid para detectar de forma temprana situaciones de riesgo en las que se puedan ver envueltos menores y prestan asistencia inmediata en centros escolares y domicilios, como el de Estela. "Cuando los padres ya no saben dónde acudir y necesitan una figura de autoridad, acuden a la policía", explica Mariluz tras ocho años de contacto diario con familias y adolescentes en el distrito de Retiro. Estos agentes, que trabajan en estrecha colaboración con los Servicios Sociales, crean un clima de confianza y ejercen de mediadores para tratar de que mejore la convivencia. Orientan a los padres para que cambien su forma de relacionarse con su hijo, de educarle, y advierten al menor de las consecuencias de su comportamiento y tratan de marcarle nuevas pautas de conducta, entre ellas habitualmente, la de asistir a clase.
Se hace un seguimiento continuo, con llamadas y visitas tanto al domicilio como al centro escolar del menor, durante uno o dos años. No obstante, cuando se detecta un delito de maltrato actúan como fuerzas del orden público y el adolescente es detenido y puesto a disposición judicial, aunque los progenitores no quieran denunciar. "No podemos permitir que maltrate a sus padres. Sacarle de casa es lo último, pero a veces es necesario", advierte Mariluz.
"Tú no te das cuenta de que no va a parar y va a más. Denuncié alentada por los agentes tutores. También al pensar que si no paraba esto, sería un futuro maltratador", explica Estela. El juez decretó libertad vigilada para Roberto y la obligación de acudir a unos talleres de reeducación pero "se los saltaba". Le citaron a juicio y se decretó el internamiento durante un año en 'El Laurel', un centro de menores de la Comunidad de Madrid especializado en maltrato familiar ascendente. "Fue muy duro ver a unos policías que esposan a tu hijo delante de ti y se lo llevan", recuerda.
'Los comportamientos se modifican'
El dolor de Estela es el de la mayoría de madres que acude a la vía judicial para denunciar a su hijo. "En todas las guardias hay un caso de maltrato. Y desde el Juzgado cuidamos de que las madres no sufran y tratamos de transmitirle que tiene el apoyo de las instituciones y darle una respuesta", asegura Concepción Rodríguez, juez de menores del Juzgado de instrucción número 1 de Madrid. Durante 10 años ha trabajado para reconducir el camino de muchos de ellos y su balance es positivo: "Los comportamientos a ciertas edades sí se modifican. Hay que decirles a las madres que no tengan miedo, que no es algo que tenga que mantenerse oculto, hay que abordarlo y tiene solución con una intervención psicológica y pautas educativas".
Siempre se trata de que el proceso judicial se inicie de la forma más rápida posible, tanto para evitar mayores "perturbaciones" al menor como para darle a los familiares una protección inmediata, según subraya la Fiscalía en una extensa circular sobre el maltrato filioparental de 2010. Si el menor es detenido y puesto a disposición judicial, se puede incluso realizar una "instrucción acelerada" y decretar una "tutela cautelar", al correr riesgo la vida de la víctima ya que es habitual que las agresiones se intensifiquen cuando el maltratado se decide a dar el paso y denunciar los hechos.
Respuesta judicial
Para decidir la intervención más adecuada sobre ese menor y a familia, la Ley del Menor establece la obligación de investigar y elaborar un informe muy detallado sobre la situación sociofamiliar. "El informe, que es preceptivo —no se podría celebrar juicio sin él—, pero no vinculante, resulta muy valioso porque el juez conoce cuáles son las circunstancias del menor y en ocasiones sus propuestas sí se pueden llevar a cabo", explica Concepción Rodríguez.
Para la reeducación y reinserción de estos menores maltratadores, que no suelen cometer actos delictivos fuera de su entorno familiar, la Fiscalía opta normalmente por pedir medidas -no penas, como en la justicia penal de adultos- que no requieren la privación de libertad, como son la convivencia con grupo familiar o educativo, que se considera la más indicada, o la libertad vigilada. También se establece la posibilidad de que las familias lleguen a acuerdos extrajudiciales a través de la mediación en caso de violencia leve y cuando la convivencia es posible. Si existe reincidencia o es un delito de carácter especialmente grave, como en el caso de Roberto, se toman medidas más severas, como es la de internamiento en un centro de menores.
Y todas las medidas vienen acompañadas de la obligación de recibir un tratamiento terapéutico y pautas educativas orientadas al restablecimiento de la normalidad en las relaciones familiares. La implicación de los padres en la solución del conflicto es crucial por lo que siempre se les aconseja —el sistema judicial español no establece la posibilidad de obligarles— que reciban esa asistencia psicológica de orientación y apoyo. Incluso cuando pesa sobre el menor una orden de alejamiento deben facilitarse esas terapias familiares.
"Estamos viviendo ese proceso de intentar darle respuesta lo mejor posible y hemos dado pasitos, pero nos encontramos a años luz de la respuesta existe ante otras violencias intrafamiliares, como el maltrato infantil o la violencia de género", resume Manuel Córdoba, director del centro de menores El Laurel.
Roberto salió en noviembre de 2009 en libertad vigilada con la obligación de acudir durante ocho meses al Centro Educativo 'Luis Amigó', donde él y su madre seguían recibiendo terapia para reforzar los pasos que habían dado en El Laurel y facilitar en la mayor medida posible la adaptación progresiva de los menores en su núcleo familiar.
Pero el regreso a casa no resulta fácil. "Se acaba la medida judicial pero no el problema. Los centros de menores te hablan de las estadísticas de reinserción [la reincidencia en Madrid es del 2,6%], pero no vuelven porque no agreden más. Normalizar tanta falta de límites, tanta agresividad, tanto dolor en un año es poco tiempo. Necesitamos que se extienda el apoyo y que cuando cumplan la mayoría de edad estén un poco más asentados. En el terreno educativo y laboral están totalmente perdidos", advierte Estela, basada en su experiencia y la del resto de familiares de la asociación AFASC.
Su hijo, ya con la mayoría de edad, ni estudia, ni trabaja, una pasividad reforzada por el subsidio de 426 euros que ha recibido durante el último año y medio por su internamiento. Sí le ve "más tranquilo" y ella se ha ido "reconstruyendo" después de "vida de tristeza en la que sólo quería morir". Tras seis años de lucha emocional, ha recobrado la fuerza para seguir adelante y ayudar a otras familias a emprender el camino en busca de una salida.
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