«El profesor demanda un padre colaborador más que fiscalizador»

«El profesor demanda un padre colaborador más que fiscalizador»

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Pertenece a la organización sindical STES desde que se fundó en Palencia hace once años, cuando llegó de Asturias. Pedro Pigazo -que también ocupa la secretaría de Organización y Finanzas de STES a nivel nacional- preside desde hace dos meses la junta de personal docente no universitaria, un órgano que pretende acercar a todos los centros educativos.

-¿Los docentes no conocen bien su representatividad en la junta de personal docente no universitario?

-Es un órgano que funciona ordinariamente cada mes, pero el profesorado parece que solo es consciente de que existimos cuando cada cuatro años pedimos el voto. La junta de personal tiene que estar más presente en los centros y que el profesorado vea que al fin y al cabo somos su comité de empresa. A veces se comporta de una forma individualista, porque es un trabajador cualificado que tiene acceso a información y que no siempre acude a los sindicatos. Pero vamos a promover que la junta de personal docente acuda a los centros siempre que exista un problema, igual que canalizar información de nuestras reuniones ordinarias. Lo veníamos haciendo desde el sindicato, pero ahora la junta de personal docente es otra cosa y vamos a intentar dinamizarla sin la intermediación sindical.

-¿La escuela pública está discriminada o es una crítica recurrente?

-No es que esté discriminada, lo que ocurre es que en los últimos años ha habido un retroceso de la escuela pública y un avance de la privada. Pero eso pasa con todos los servicios públicos en este país y en el ámbito europeo. El caso más claro de privatización ahora es en la etapa de Infantil para menores de 3 años. Luego también hay una cuestión, no un problema, que es la distribución del alumnado entre la red pública y privada, que en Palencia es prácticamente concertada. Casi toda la escolarización de alumnos con necesidades educativas especiales -pertenecientes a minorías étnicas en el pasado, y ahora a inmigrantes con problemas lingüísticos- se hace en la escuela pública. Desde STES lo que cuestionábamos a la LOCE y luego a la LOE, las dos últimas leyes educativas, es que ninguna apostaba por la escuela pública, que es la única que garantiza el derecho a la educación con independencia de que haya iniciativa privada, que lo que hace es seleccionar al alumnado. Los hechos y los números son tozudos, el 80% de los inmigrantes están escolarizados en la enseñanza pública.

-En términos globales, ¿cómo está distribuido el alumnado?

-En este curso, el 70% de los escolares están en la red pública y el 30% en la privada, aunque en la capital palentina hay una mayor equiparación, en torno al 60% y al 40%, respectivamente. Sin embargo, en la provincia alcanza una diferencia considerable, repartiéndose el alumnado en un 80% en la red pública y el 20% en la privada, pero es porque es menos rentable. El coste de un puesto escolar en Castilla y León está por encima de la media nacional, porque la población está muy dispersa en el ámbito rural. La despoblación es un problema para esta provincia, también a nivel educativo. Pero tiene que haber recursos para que materialmente la educación sea mejor y para que los profesionales del sistema trabajemos mejor.

En continua formación

-Reclama una dignificación del profesorado...

-Una forma de trabajar mejor es dignificar nuestra función docente, y eso se consigue con una retribución ajustada a lo que demanda la sociedad de nosotros, que cada vez es más. Ya no se trata de enseñar a leer y a escribir, sino que debemos hacer una acción tutorial, fundamental para orientar a los escolares. También tenemos que incidir en cuestiones sociales y en fenómenos nuevos que exigen el reciclaje del profesorado. Somos dinámicos, nos estamos formando. La dignificación también pasa por la recuperación del papel docente. Hace treinta años estábamos peor retribuidos, y ya no se puede decir que pasemos hambre, pero no tenemos el mismo respaldo ni la misma autoridad. Ahora los padres cuestionan las opiniones y acciones de los maestros.

-¿Echan de menos una mayor implicación de los padres?

-Demandamos un padre colaborador más que fiscalizador, que también genera recelos entre el profesorado. Las cuestiones docentes entran en el ámbito del profesional, se admiten sugerencias, pero es que hay padres que creen que tienen la última palabra.

-¿Hay verdaderos problemas de convivencia?

-Hay que distinguir entre tres cuestiones que muchas veces se mezclan y confunden: la convivencia, la disciplina y la violencia escolar. Hay normas de convivencia como en cualquier ámbito que unas veces funcionan mejor y otras peor. Para que se pueda desarrollar el hecho educativo, hacen falta unas normas añadidas a las propias de la convivencia, que son el esfuerzo y el respeto por el trabajo de los compañeros y del profesor. Los problemas de indisciplina forman parte de la dinámica, pero hay que llevarse las manos a la cabeza con la violencia escolar, que no es solo física. Puede ser verbal, un menosprecio al profesor o a los compañeros, y eso sí que es un problema, aunque también a veces se sobredimensiona. Pero en Palencia afortunadamente no tenemos muchos problemas y hay que congratularse.

-Pero las bajas laborales en los profesores sí que han aumentado como consecuencia del incremento de la conflictividad...

-Sí que incide. El trato con la comunidad educativa, no solamente con los niños, sino con los padres, con los compañeros y con la Administración genera cuadros de estrés y ansiedad y otros problemas. La salud laboral, algo novedoso en este país, está más en mantillas en el sector educativo, porque la Administración es remisa a ello, porque el reconocimiento de nuestras enfermedades profesionales exige unos compromisos. Hasta ahora solo se ha conseguido que se reconozcan los problemas de la voz, pero hay otros muchos.

-¿Cuáles son los cambios más importantes que acarreará la LOE?

-Los sindicatos presentes en la junta de personal docente tenemos distintas opiniones sobre la LOE. Al sindicato STES nos parece que carece de una ley de financiación, que no es lo mismo que una memoria económica, y es lo que hizo que fracasaran otras legislaciones anteriores por progresistas que parecían. Tampoco hace una apuesta decidida por la enseñanza pública y mantiene el 'estatus' que había conseguido la concertada.