22 mar. 2007

En Asturias «Los abogados se oponen a la ley de mediación porque temen que les quite trabajo», denuncia IU

«Los abogados se oponen a la ley de mediación porque temen que les quite trabajo», denuncia IU

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Paloma Uría afirma que la norma asturiana «es una de las leyes autonómicas que más garantías jurídicas ofrece a los ciudadanos»


«Los abogados se oponen a la ley de mediación del Principado porque temen que les quite trabajo. Hay que recordarles que el Parlamento legisla para la ciudadanía, no para los colegios profesionales». La parlamentaria regional de Izquierda Unida (IU) Paloma Uría rebatió ayer de esta forma las críticas de los decanos de los colegios de Abogados de Oviedo y Gijón, Pedro Hontañón y Sergio Herrero, que han calificado de «auténtico disparate» la ley de Mediación Familiar del Principado, que hoy se aprueba en la Cámara regional. Paloma Uría los acusó de «corporativistas» y explicó que «la Unión Europea ha emitido varias recomendaciones en las que insta a los estados miembros a regular la mediación por los buenos resultados obtenidos con este procedimiento extrajudicial».

No está de acuerdo Uría con que la normativa que regirá en Asturias, ante la ausencia de una ley nacional, deje a los asturianos desprotegidos. «Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana, Canarias, Castilla-La Mancha y Baleares ya cuentan con sus leyes, y Madrid ha presentado un buen proyecto», explicó la portavoz de IU, que considera que, «entre todas, la ley asturiana es la que más garantías jurídicas ofrece a los ciudadanos». Así lo recoge, dijo, uno de los artículos de la ley: el que establece el deber del mediador de someter la redacción de los acuerdos finales alcanzados a un letrado y que, en el caso de que alguna parte renunciase a un derecho legalmente reconocido como la custodia de los hijos, también debe contarse con la asistencia de un abogado.

La diputada tampoco acepta que la nueva ley contribuya a «crear ciudadanos de primera y de segunda, los que contarán con asesoría jurídica de un profesional de la abogacía y los que no», como denunciaron los representantes de los abogados asturianos, ya que «los mediadores pueden facilitar información jurídica, pero no dar consejo. La única persona que puede asesorar es un abogado. Y las partes en conflicto tienen la libertad de requerir este asesoramiento o no». «Los decanos de los abogados dan a entender que un mediador es un abogado de segunda», concluyó la diputada, «mientras que un mediador podrá ser cualquier licenciado en Derecho, Psicología, Pedagogía, Trabajo Social y Educación Social con una formación específica como mediador. La mediación exige habilidades psicológicas, pedagógicas y de intervención social, además de conocimientos jurídicos».

Uría incidió finalmente en que la ley autonómica «se somete a la legislación procesal estatal» y rechazó que se haya elaborado con urgencia para poder aprobarla durante la presente legislatura: «El que el proyecto haya sido redactado por una comisión multidisciplinaria creada en 2004 es una garantía. Ha tenido una de las fases de comparecencias más amplias que recuerdo. La ponencia tenía información suficiente para trabajar y conocer la opinión de todos los sectores implicados».

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