DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Dignidad y Justicia para todos" tema del Dia Internacional de las personas con discapacidad

El Día Internacional de las Personas con Discapacidad tiene hoy dos caras para este colectivo de 4,12 millones, el 9% de la población española. Una "muy óptima", derivada de la entrada en vigor en mayo de la Convención de las Naciones Unidas sobre sus Derechos, que hace obligatorio su cumplimiento y trasposición a la legislación nacional. Y otra de grave malestar por el sistema "recaudatorio" de copago para la dependencia acordado el jueves por Gobierno y comunidades autónomas, que será recurrido ante los tribunales por el Cermi, la plataforma que representa a sus más de 4.000 asociaciones y entidades.

Aunque el Cermi (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) basará su protesta legal en un defecto de forma sobre el insuficiente rango normativo de lo pactado, su queja de fondo es muy severa. El sistema acordado, se lamenta, penalizará sobre todo a quienes más se han esforzado por alcanzar una vida autónoma, de participación e integración. Frente a su demanda de una aportación máxima del 80% de la capacidad financiera de la persona dependiente afectada, el acuerdo oficial eleva el tope al 90%. Y frente al reclamo de una exención de pago para rentas inferiores a 2,5 veces el llamado IPREM (Índice Público de Renta de Efectos Múltiples), la cantidad pactada no pasa de 1 IPREM, que supone 516,90 euros.

Roser Romero, secretaria de organización de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), considera que lo acordado va "contra el espíritu con que se hizo la Ley de Dependencia" y no cuadra con su propósito de ser el cuarto pilar del Estado de Bienestar, porque "para el resto no se pide ese nivel impositivo y de participación tan elevado". En tales condiciones, advierte, a muchas personas dependientes con discapacidad "las van a poner por debajo de los niveles de pobreza".

Dignidad y justicia

La otra cara de este 3 de diciembre sí va a ser de celebración, como queda en evidencia desde su propio lema: "Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: Dignidad y Justicia para todos". Dos conceptos que la directora ejecutiva del Cermi, Pilar Villarino, sitúa "en la dimensión de los derechos humanos" y en un nuevo "marco protector y garantista" que exigirá una "revisión del ordenamiento jurídico". España tiene "una de las legislaciones más avanzadas" en ese ámbito (Ley de Integración de Minusválidos de 1982, Ley de Igualdad de Oportunidades de 2003, Ley de Dependencia de 2006), por lo que "no habrá que modificar demasiadas leyes".
Pero de todos modos, remacha, "deberá tratarse la discapacidad de forma transversal" en todas las políticas públicas y normativas.

Exigencia de Directiva europea

El Cermi participó doblemente en los trabajos preparatorios de la Convención, primero a través del movimiento de discapacidad y en la fase final como parte de la delegación oficial española. Peláez pudo hacer realidad así el lema del movimiento asociativo de "nada para nosotros sin nosotros", y su aportación permitió incluir un artículo específico para proteger a dos grupos especialmente vulnerables como la infancia y la mujer con discapacidad. El carácter vinculante de ese tratado internacional ha hecho que el Consejo Nacional de la Discapacidad asuma funciones para supervisar su cumplimiento.

La integrante española del Comité de Seguimiento de la Convención considera necesario, además, un "organismo nacional independiente para hacer valer su opinión respecto a su aplicación", condición que reclama el propio Cermi. Y añade la reivindicación de "una Directiva europea específica sobre Derechos de las Personas con Discapacidad".

Aunque el colectivo está ya presente en la Directiva contra la discriminación, Ana Peláez rechaza varios apartados que "no se adaptan a la Convención", sobre los que se han "presentado consideraciones que, de no ser asumidas, preferimos que se deje fuera a la discapacidad".

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