21 feb. 2017

En Valencia Igualdad reclama más de 600 trabajadores para el plan de choque en dependencia entre ellos TASOCS pero se olvidan del TISOC / TSIS



Aunque esta muy bien que la Conselleria de igualdad y politicas inclusivas cree necesario la creación de 600 puestos de trabajo, desde nuestro blog nos hacemos eco de que si bien incluyen a los TASOC no hacen lo propio con los Técnicos y Técnicas Superiores en integración social o incluso llegan a dejar fuera a  los nuevos Tecnicos/as Superiores en  promoción de igualdad de genero, que consideramos relevantes para cubrir estas funciones.

Desde la Red nacional y asociaciones cercanas a ellas estamos preparando una queja formal para que los TISOC / TSIS sean incluidos. Os animamos a todos/as los titulados en este cfgs que os pongáis en contacto con Avais desde este grupo facebook
La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas reclama la creación de más de 600 puestos de trabajo para salvar, entre otros, el frente abierto en materia de dependencia. Aligerar las listas de espera de los expedientes de las personas que están esperando recibir estas ayudas es uno de los principales objetivos de la cartera que dirige Mónica Oltra. Cerca de 30.000 afectados en la Comunitat Valenciana así lo esperan.

Ante el atasco monumental (la cifra estaba en 44.000 dependientes cuando el Botànic llegó al gobierno), el Consell acordó establecer como prioritarios a la hora de ser sustituidos los empleados que se dedican al área de servicios sociales, del mismo modo que los son los maestros o el personal sanitario. Sin embargo, las necesidades van más allá de simplemente cubrir las bajas médicas de los trabajadores actualmente ya en plantilla.

Como publicó Levante-EMV, los consellers han pedido la creación de más de 1.500 puestos de trabajos extra para que sean incorporados inmediatamente a la Administración valenciana. En la conselleria de Oltra hacen falta 608 trabajadores más, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, recogida en el Plan de Recursos Humanos que la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas entregó antes de las Navidades a los sindicatos.

Según detallan fuentes de Igualdad, el coste de estas contrataciones asciende a 20 millones. La mayoría de los nuevos puestos de trabajo se demandan para acometer el plan de choque de dependencia, aunque también acapara gran parte de los recursos el servicio de renta garantizada que quiere impulsar la conselleria a través de la renta de Inclusión, cuyo anteproyecto de ley ya ha sido presentado.

Tasas de reposición pendientes


La portavoz y vicepresidenta del Consell también pide más manos en la sección de menores, en la de adopciones y en la del servicio de evaluación de personas con diversidad funcional, entre otras. Los profesionales buscados son psicólogos, enfermeros, administrativos, trabajadores sociales, fisioterapeutas, técnicos en animación sociocultural y técnicos jurídicos.

La conselleria de Oltra recuerda que la ley de estabilidad del Gobierno central no permite ampliar plantillas públicas y restringe la tasa de reposición, algo que el Ejecutivo de Mariano Rajoy está meditando cambiar. La C. Valenciana ya ha lanzado la voz de alarma, que reiterará hoy en el Conferencia de presidentes, respecto a las plantillas de la Administración y el estado de la dependencia.

La de Oltra se convierte así en la conselleria que más recursos necesita, prácticamente los mismos que el resto de delegaciones juntas. El cúmulo de casos por atender en materia de dependencia, inclusión y, en menor medida, igualdad, solo se solventa con más refuerzos, reitera la consellera, quien el mes pasado perdió a su «número dos» precisamente por la «lentitud» de la Administración.

La ahora exsecretaria Sandra Casas abandonó su cargo cuando, según relató, se percató de que los cambios que quería acometer no se estaban dando con el ritmo que ella esperaba. «Todos nos desesperamos», lamentó en su momento Oltra, en alusión a la falta de recursos y el «empastre» que dejó el PP cuando salió del gobierno.

Fuentes de Igualdad defienden además que se pretende crear «contrataciones estables, con trabajo de calidad, bien remunerado, y sobre todo, empleo no deslocalizable». Recordaron asimismo que en los próximos cinco años se jubilarán cerca de 5.000 funcionarios y que en la actualidad hay 1.141 vacantes sin cubrir respecto a los 17.000 empleados de la Generalitat.

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