En Cordoba los profesores piden técnicos para acabar con los conflictos

Los profesores piden técnicos para acabar con los conflictos

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Todos coinciden en aplaudir el decreto para mejorar la convivencia en las aulas que la Junta aprobó el martes. Sindicatos, padres y profesores consideraron ayer que la norma beneficiará al desarrollo normal de las clases en todos los centros, aunque no dejaron pasar la oportunidad de señalar las carencias y defectos de la norma.

Así, el presidente de la junta de personal docente no universitario –colectivo que representa a más de 10.000 profesores de la provincia–, Eduardo Latorre, aseguró que “lo que necesitan los centros educativos son profesionales, especialistas, que resuelvan problemas de conducta”. Latorre consideró también que este tipo de casos necesitan soluciones “de carácter inmediato”, por lo que, a su juicio, “los centros necesitan personas que colaboren en corregir la situación, no en detectarlas”. A pesar de todo, el representante del profesorado dio el visto bueno al decreto aprobado.

Su argumentación coincidió con la del responsable de FETE-UGT, Antonio Fernández, quien aseguró que el “espíritu del texto es bueno”, pero siempre y cuando “se complemente con más recursos”. Fernández consideró necesario también que en los colegios e institutos exista la figura de los educadores sociales para atajar los conflictos que puedan surgir entre el alumnado. Recordó que durante el presente curso escolar, la Junta ha contratado a una treintena de estos profesionales, pero “de manera experimental”.

Desde CSI-CSIF también alabaron la aprobación del texto, aunque su responsable, Francisco Luque, manifestó su recelo ante la futura aplicación de las medidas. Luque también hizo referencia a la necesidad de que los centros educativos cuenten con “expertos” en mediación para resolver los conflictos y reivindicó el reconocimiento “de la autoridad de los profesores” para evitar y solucionar estos problemas.

La opinión de los padres es similar, respecto a la aprobación del decreto, aunque cada ámbito –pública y concertada– tiene sus propias críticas. Así, el presidente de la Federación de la Asociación de Padres y Madres de centros públicos –FAPA-Ágora–, Francisco Mora, criticó que el texto contemple que el director del centro sea el que decida el cambio de centro de los alumnos que con su comportamiento interfieran “gravemente” en la convivencia en los colegios o institutos. Para Mora esta decisión “no se puede tomar unilateralmente y tiene que contar con la comisión de convivencia”. Para que el director decida la expulsión de un alumno éste, además, debe ser autor de algún tipo de “agresión, injuria u ofensa a otro miembro de la comunidad educativa”.

Por su parte, el portavoz del colectivo que agrupa a los padres de colegios concertados y privados –FAPA-Córdoba–, Miguel Serrano, también hizo una valoración positiva “porque se trata de medidas para remediar los problemas de convivencia” en las aulas. No obstante, indicó que la norma se aplicará mejor “si en la toma de decisiones se tiene en cuenta a las familias; si las escuelas no cuentan con los padres, el decreto no servirá”.

Es un buen comienzo el que los Centros de enseñanza comiencen a tener en sus plantillas Educadores sociales. Quiza pronto se den cuenta que lo más conveniente es tener equipos multidisciplinares que se coordinen, con las figuras del educador y el psicologo como son los integradores sociales y animadores socioculturales que continuen la labor fuera de las horas lectivas.