La oposición a Educación para la Ciudadanía llega ya al Tribunal Superior

La oposición a Educación para la Ciudadanía llega ya al Tribunal Superior

Un grupo de padres presentó ayer ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) cinco recursos contra la asignatura Educación para la Ciudadanía, que se impartirá por primera vez este curso en tercero de ESO y pidió al juez para paralice de manera cautelar la enseñanza de esta nueva materia durante el nuevo curso.




Los recursos utilizan como base jurídica los derechos fundamentales de libre elección y educación, así como la libertad de religión. Uno de argumentos que alegan los padres se centra en los plazos: la entrada en vigor del decreto andaluz que regula la nueva asignatura (BOJA del 8 de agosto) es posterior al proceso de escolarización (la matriculación terminó el 10 de julio) y, según explicó ayer el autor del recurso, Carlos Seco, "la asignatura no puede impartirse en el próximo curso porque las normas no tienen carácter retroactivo según el artículo nueve de la Constitución". El abogado insistió en que la modificación de los contenidos curriculares de un curso "no puede ser posterior a la escolarización porque vulnera el derecho de los padres".

Otro de los argumentos utilizados contra la nueva asignatura, que se impartirá en tercero de ESO, se basa en "la desigualdad que generará Educación para la Ciudadanía en Andalucía ya que otras comunidades autónomas no incluirán esta asignatura en el próximo año académico", añadió Carlos Seco.

El pulso de los padres contrarios a la polémica materia académica marcará el inicio del próximo curso. A 25 días de que comiencen las clases, los padres que han recurrido la asignatura piden al TSJA que adopte medidas cautelares para impedir que se imparta Educación para la Ciudadanía. Además de los recursos presentados por los padres a título particular, la Confederación Católica de Padres de Alumnos estudia en estos momentos medidas legales ante los posibles casos de "coacción por parte de la Junta de Andalucía contra el ejercicio de objeción de conciencia de los padres que se nieguen a que sus hijos estudien la materia".

La polémica asignatura, obligatoria y evaluable, incluirá formación del alumnado sobre el funcionamiento de las instituciones andaluzas y el Estatuto de Andalucía, además de desarrollar asuntos de actualidad referidos a la familia, los derechos humanos, la diversidad, el racismo, la sexualidad o la pobreza. Los detractores insisten en el contenido moralizante de estos asuntos y prefieren "que sean las propias familias las que inculquen a sus hijos conceptos sobre la ética, la familia etc.", explicó ayer José María del Pino, presidente de la Federación Católica de Padres. "No quiero que ningún profesor inculque a mis hijos que el derecho de la madre prevalece sobre el derecho del no nato".

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