En Asturias Los mediadores familiares reclaman al Principado que regule su formación

Los mediadores familiares reclaman al Principado que regule su formación

Los profesionales alegan que no pueden incorporarse a las bolsas de trabajo de otras comunidades



Los mediadores familiares asturianos -aquellos licenciados en Derecho, Psicología, Pedagogía, Trabajo Social y Educación Social con formación específica como mediadores- quieren que la Junta General del Principado agilice la elaboración del reglamento en el que se regulan los estudios de estos profesionales. La directora del equipo de investigación en mediación de conflictos y del curso de experto en mediación de conflictos familiares de la Universidad de Oviedo, Maite Méndez, calificó ayer de «urgente» la creación y aprobación de este reglamento.

La mediación, que ofrece la posibilidad de solucionar conflictos domésticos de forma extrajudicial y que podría contribuir a liberar los Juzgados del exceso de trabajo, fue regulada por ley en Asturias el pasado marzo. La ley de Mediación Familiar del Principado salió adelante con los votos favorables de PSOE e Izquierda Unida (IU) y la oposición del Partido Popular (PP) durante la última sesión parlamentaria de la pasada legislatura.
Queda pendiente, ahora, que el Parlamento regional elabore el reglamento recogido en el artículo 18 de la ley, en el que se establece que la formación de estos profesionales sea impartida por centros universitarios y los colegios profesionales implicados.
Actualmente, en Asturias se ofrecen dos cursos para estos profesionales: uno -bianual y de 250 horas de duración- organizado por la Universidad de Oviedo, del que el año pasado salió la primera promoción de mediadores, compuesta por 22 personas, y otro organizado por el Colegio de Abogados de Gijón en colaboración con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Cada uno aplica sus propios criterios de formación. «Puede darse incluso la paradoja», alertan los mediadores, «de que, una vez que aparezca el reglamento, los profesionales formados en el Principado no puedan trabajar en Asturias porque los criterios legales no correspondan con los que ahora se están siguiendo».

«La falta de un reglamento», alegan estos profesionales de la resolución de conflictos, «supone además diferencias importantes en cuanto al contenido y formación de los propios docentes que deben primar en la formación de los futuros mediadores asturianos», explicó Maite Méndez.

«Lo que reivindicamos es que en el Principado se exija el número de horas lectivas que establecen el Foro Europeo de Mediación Familiar y los reglamentos de otras comunidades autónomas», precisó la responsable del curso impartido por la Universidad de Oviedo. Lo contrario supondría, según Maite Méndez, que «los futuros mediadores asturianos no puedan incorporarse a los registros de mediadores de otras regiones», apuntó la profesora titular de Psicología Social de la Universidad.

El reglamento asturiano deberá fijar también el contenido de los cursos, que debe incluir, según Méndez, «aspectos psicosociales y jurídicos, dos bloques con una duración mínima de 90 horas, además de un apartado específico de conocimientos eminentemente prácticos que debe ser impartido por mediadores profesionales, de tal modo que más del 70 por ciento de la formación de los alumnos debe correr a cargo de mediadores familiares de reconocido prestigio».

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