Fuentes del ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad han confirmado a la Cadena Ser que el gobierno va a dejar de financiar los servicios sociales básicos de los ayuntamientos que atienden a los más pobres y a las familias castigadas por la crisis económica. Y lo hará a pesar del aumento del 200% en la demanda de emergencia social que cubre necesidades esenciales como la comida.
La preocupación es máxima entre las Comunidades Autónomas después de que el ministerio que dirige Ana Mato les haya comunicado que el gobierno ha decidido retirar su aportación para financiar los servicios sociales de los ayuntamientos en un momento en el que se necesitan más que nunca a raíz del agravamiento de la crisis económica.
Se trata del llamado Plan Concertado, nacido en 1988, que sirve para atender a la familias más pobres y necesitadas y que presta servicios básicos como la ayuda a domicilio, la teleasistencia, centros sociales, comedores, albergues y pisos tutelados. Un plan que a día de hoy sostienen económicamente a tres bandas el gobierno, los ayuntamientos y las comunidades.
"Estamos sorprendidos por la naturalidad con la que el gobierno nos ha comunicado que se retira del Plan porque esta decisión pone en peligro el futuro de los servicios sociales municipales cuando nos encontramos que las familias necesitan ahora más ayuda" aseguraba la consejera de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía María Jesus Montero tras la reunión del Consejo Territorial de la Dependencia que presidió el pasado miércoles la ministra Mato.
"Es una noticia gravísima justo cuando ha habido un aumento grandísimo de la demanda, un aumento de la pobreza y se disparan problemas sociales como los desahucios. Las peticiones de ayuda por emergencia social se han incrementado un 200% como consecuencia de la crisis económica" señala Ana Lima, presidenta del Consejo General de Trabajo Social. "Estamos hablando de familias sin ingresos que necesitan ayuda para comprar comida, pagar las medicinas, el recibo de la luz, el agua o el alquiler" añade Lima.
"La tendencia es dejar de aportar al Plan Concertado porque estos servicios son competencias municipales. Es algo progresivo y no sabemos si en los próximos presupuestos de 2014 se dejará a cero", aseguran a la Ser fuentes del ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. El gobierno pedirá a las comunidades que prioricen el gasto en estos servicios y se pueden buscar otras vías de financiación, añaden las mismas fuentes.
Lo cierto es que el gobierno en 2013 ya ha dejado de subvencionar el servicio de teleasistencia y en el último año ha recortado un 70% su aportación al Plan Concertado. Se ha pasado de una partida presupuestaria de 86 millones de euros en el año 2011 a unos 50 millones en los presupuestos de 2012, los primeros de Rajoy y a 27 millones en este ejercicio presupuestario de 2013. Son 59 millones menos y es el mayor recorte en décadas.
Este hachazo ha venido a saturar todavía mas la situación de los servicios sociales que llevan tiempo desbordados por la falta de recursos económicos y que se ven obligados a derivar la atención de los usuarios a Cáritas y a otras organizaciones solidarias.
El gobierno abandona el Plan y deja en una situación muy difícil a administraciones locales y autonómicas para sostener estos servicios básicos cuando se les ha prohibido endeudarse para cumplir el objetivo de déficit.
El Plan Concertado se puso en marcha en los años 80 con el objetivo de mantener un sistema público de servicios sociales de nivel primario para atender a toda la ciudadanía y para dar respuesta a la exigencia de la Constitución Española de garantizar una serie de derechos sociales que permite el ejercicio de la igualdad de oportunidades. Este párrafo esta extraído de los Presupuestos Generales del Estado de 2013 elaborados por el gobierno de Rajoy.
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