En Canarias Las multas a menores por consumo de drogas podrán sustituirse por cursos educativos

Las multas a menores por consumo de drogas podrán sustituirse por cursos educativos

Un menor consume alcohol o cannabis en la vía publica. La Guardia Municipal lo detecta, realiza la correspondiente denuncia y, según la Ley, la multa es de 300 euros, una cantidad que en la mayoría de los casos pagan sus padres. La situación, se asegura, es cada vez más frecuente, pero a partir de hoy, esta sanción económica podrá evitarse siempre que el menor y sus familiares acepten que el chico o la chica participe en un programa educativo que, además, será personalizado. Y que los resultados sean positivos.




La iniciativa se pondrá en marcha desde esta misma semana, según ha informado la concejala de Acción Social, Susana García Chueca, que explicó que la finalidad del proyecto es compensar la multa impuesta a un menor con una intervención formativa y que todo ello está dentro de la política de prevención de drogodependencias que es uno de los pilares de su departamento.

'Buscamos medidas alternativas, porque todos sabemos que, al final, esos 300 euros que marca la ley los acaban pagando los padres y creemos que, además, lo que hay que hacer en estos casos es informar al menor, explicarle qué ocurre, buscar las causas y ayudar en la medida de lo posible. Para muchos, este tipo de consumos son demasiado naturales'.

Se insiste en que, a diferencia de iniciativas puestas en práctica en otras localidades, en este caso no se trata de compensar la multa con participación en talleres o tratamientos de deshabituación, sino alternativas personalizadas que traten cada caso.

Las estadísticas sobre el consumo de alcohol y cannabis entre los menores de 18 años indican que éste es cada vez más frecuente y que, además, tiene lugar a edades tempranas. De momento, sin embargo, no se han hecho públicos los datos sobre cuántas multas se han impuesto al amparo de la ley, que considera una infracción especialmente grave el consumo y la tenencia de estas sustancias por parte de los menores.

Lo que sí aclaró García Chueca es la preocupación de las familias y el convencimiento de que la alternativa que permite la ley para sustituir una sanción por otro tipo de tratamientos debe hacerse través de medidas que tengan en cuenta el caso de cada chaval.

La edil precisó también que los programas educativos se ofrecerán a todos los menores que sean denunciados por la Guardia Municipal, pero la sanción sólo podrá eliminarse si se trata de la primera vez en la que el infractor es denunciado.

Las técnicas municipales que se encargan del proyecto son Estibaliz Urreaga e Idoia Andonegi, que tienen encomendada la tarea de hablar con cada uno de los menores sancionados y con sus familias. Estas especialistas harán el análisis individual de cada caso y cuentan con la colaboración de la Asociación Orain, que dispone de talleres vinculados con el cannabis y el alcohol, así como con el proyecto Norbera. Éste se destina a casos en los que infancia o juventud se encuentran en situación de riesgo de desprotección.

Se advierte también que la asistencia a talleres o cursos no sólo debe ser autorizada por la familia, sino que también el menor debe comprometerse con el programa, de cuyos resultados, además, dependerá la retirada de esa multa de 300 euros. Chueca resaltó el objetivo educativo de esta iniciativa, a la que calificó de pionera y de intento de responder a las demandas de las familias