Una de cada diez maltratadas vascas desiste de llevar al agresor a los tribunales

Una de cada diez maltratadas vascas desiste de llevar al agresor a los tribunales

Una de cada diez mujeres que son maltratadas por sus parejas en Euskadi desiste de declarar contra el agresor y de continuar el proceso judicial. Así lo reconoce un estudio realizado por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, del que también se desprende que el 33por cien de las órdenes de protección concedidas por los jueces de la comunidad autónoma corresponden a maltratadores extranjeros, mientras que los inmigrantes apenas representan el 4,6por cien de la población.






Según el Observatorio, un órgano creado por el Consejo General del Poder Judicial, durante el primer trimestre de este año se contabilizaron en Euskadi, además de una mujer asesinada en Zorroza, otras 936 denuncias de violencia de género, de las cuales 267 requirieron medidas de protección supervisadas por los jueces. En dos de cada tres casos, el atestado se puso en marcha por iniciativa de las propias víctimas, que acudieron principalmente a las comisarías de la Ertzaintza y de las policías locales, y en menor medida a los juzgados de guardia.

En cambio, el resto de las denuncias de malos tratos partió de los funcionarios policiales que prestaron auxilio a las mujeres o fueron interpuestas como consecuencia de un parte de lesiones. Además, al examinar las estadísticas del Observatorio, que han sido elaboradas con datos del Tribunal Superior del País Vasco, llama la atención que 21 episodios de malos tratos (2,3por cien) tuvieron que ser destapados por los familiares de la persona maltratada.

Quebradero de cabeza La indecisión de las víctimas -achacable al miedo que les infunden los agresores, a la dependencia afectiva que las mantiene unidas a esos individuos y a las escasas alternativas que ofrecen las instituciones- se ha convertido en un quebradero de cabeza para los jueces y los policías. Durante el primer trimestre de este año, ochenta mujeres maltratadas se echaron atrás con la denuncia ya formulada y no llegaron a actuar judicialmente contra los agresores, lo que representa alrededor del 9por cien de los casos de violencia de género registrados en los tribunales de Euskadi.

Esa cifra preocupa al Tribunal Superior del País Vasco, a pesar de que, realmente, desde que entró en vigor la Ley Integral contra la Violencia de Género, la proporción de denuncias retiradas ha retrocedido ligeramente en Euskadi, pues en 2004 ascendían al 11,5por cien del total. Si el ritmo de desistimientos del primer trimestre de 2007 se mantiene hasta el final del año, el balance final rondará los 320 casos y también será inferior al de 2005, cuando los jueces contabilizaron 335.

El episodio más grave de este año se produjo en Vitoria a comienzos de junio, cuando una inmigrante ecuatoriana que había retirado una denuncia contra su compañero en 2002 fue asesinada por éste en plena calle. La mujer volvió a denunciar a su pareja por malos tratos psicológicos en diciembre pasado, pero rechazó una orden de protección que le ofrecieron en el juzgado. Su muerte es un trágico recordatorio de que la intervención de las autoridades no garantiza la integridad física de las maltratadas, pues a ellas le asiste luego el derecho de testificar o no contra su pareja.

En esa tesitura se encuentran otras tres mujeres de Vitoria que recibieron auxilio de la Policía local el 11 y el 14 de agosto pasados. El primer día, un agente salió en defensa de una chica que había recibido dos bofetadas de su novio. El agresor, y luego la mujer, aseguraron que se trataba de una discusión de pareja, pero el funcionario levantó un atestado. Apenas tres días más tarde, varios agentes de la capital alavesa denunciaron a otros dos individuos por haber golpeado a sus respectivas compañeras sentimentales, uno en su vivienda y otro en la calle. A ambas mujeres se les apreciaron contusiones, pero se negaron a acusar a quienes les agredieron.

A la vista de estas reacciones, el juez decano de Bilbao, Alfonso González Guija, a la sazón coordinador de los juzgados de violencia de género en Euskadi, es partidario de reformar la legislación de tal manera que las agredidas no puedan negarse a declarar ante el fiscal y el juez, una medida que reduciría las posibilidades de que se echaran atrás.

La autonomía donde más víctimas desisten de seguir un proceso judicial -en proporción al conjunto de denuncias- es Canarias (14por cien). Le siguen Baleares (13por cien), Navarra y La Rioja (ambas con el 12por cien), Aragón (casi el 11por cien) y Andalucía (10por cien). Por el contrario, los índices de renuncia más bajos se registran en Cataluña (6,6por cien), Galicia (casi el 7por cien), la Comunidad de Madrid (7,7por cien), y Cantabria y Euskadi (ambas entre el 8por cien y el 9por cien).

Colectivo extranjero La comunidad vasca también tiene una tasa de denuncias relativamente reducida (4,37 por cada 10.000 habitantes), a gran distancia de Baleares (11,50), Canarias (9,54), Andalucía (8,04), Madrid (7,54), Murcia (7,34), Valencia (7,01) y Cataluña (6,09). Según el Observatorio, esas siete autonomías acapararon el 75por cien de las órdenes de protección aprobadas por los jueces entre enero y marzo pasados.

Precisamente, el Poder Judicial ha alertado sobre el protagonismo del colectivo inmigrante en las órdenes de protección, que ascendieron a 8.704 en toda España durante el primer trimestre de 2007. El Observatorio ha comprobado que, de todas ellas, la tercera parte estaban dirigidas contra maltratadores extranjeros. Esa proporción se repitió también al repasar la nacionalidad de las mujeres agredidas y resulta especialmente llamativa para los jueces porque triplica el peso que los inmigrantes tienen en el conjunto de la población (9,9por cien).

En Euskadi, casi un tercio de las víctimas que consiguen una orden de protección, así como un tercio de los maltratadores, tampoco son españoles, lo que supone una presencia siete veces superior a la que los extranjeros tienen en el padrón. En las comunidades de Madrid y Murcia, la mitad de las órdenes están dirigidas contra extranjeros, índice que en los dos casos casi cuadriplica su peso en el censo